El presidente Bush se dirigió anoche a la población para anunciar que designó a John Roberts, un juez joven y conservador, como su primer candidato para la Suprema Corte de Estados Unidos. Roberts es un republicano conservador de 50 años de edad que fue funcionario durante las administraciones de George Bush padre y de Ronald Reagan. Probablemente se desempeñe como funcionario de la corte por varias décadas. Su nombramiento suscitó críticas de grupos defensores de los derechos de la mujer y de senadores demócratas, quienes señalan que Roberts se mostró renuente a responder preguntas sobre sus opiniones en temas clave. Roberts defendió más de treinta casos ante la Suprema Corte y en 1991 redactó el documento de la defensa del gobierno en un caso donde la Suprema Corte sostuvo que el gobierno podía prohibir que los médicos y las clínicas que reciben fondos federales hablaran con sus pacientes acerca del aborto. En su escrito, Roberts señaló que, “seguimos sosteniendo que Roe vs. Wade fue un caso resuelto erróneamente y que el fallo debería ser revocado”. Asimismo expresó que el fundamento de la decisión de la corte en 1973 no se basa “en el texto, la estructura, ni la historia de la Constitución”. En otros casos, Roberts argumentó que la Suprema Corte debería invalidar un programa federal de acción afirmativa; que la Constitución permite las ceremonias religiosas en las fiestas de graduación de los liceos públicos de enseñanza secundaria y que los grupos ambientalistas carecen de derecho a realizar demandas en virtud de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Integró un tribunal que le dio una importante victoria a Bush la semana pasada al dictaminar que los tribunales militares de prisioneros en Guantánamo eran legítimos.

Esta noticia proviene de Irak. La agencia Reuters informó que la mañana del miércoles 10 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en un ataque suicida en una pista de aterrizaje en Bagdad. Un hombre hizo detonar los explosivos que tenía pegados al cuerpo en medio de una multitud de reclutas del ejército iraquí.

Mientras tanto, tres miembros sunitas del comité para redactar la nueva constitución iraquí, murieron en una balacera mientras salían de un restaurante en Bagdad. Los sunitas del comité eran considerados figuras claves en el proceso constitucional organizado por Estados Unidos. Quince miembros sunitas se incorporaron al comité el mes pasado, siendo el primer órgano político en el país con importante representación sunita desde que el nuevo gobierno asumió en abril. Los grupos de la resistencia juraron matar a cualquier sunita que integrara el comité. Se informó que los miembros sunitas abandonaron el comité.

Mientras tanto, el New York Times informa que el borrador de la nueva constitución iraquí restringe considerablemente los derechos de las mujeres, imponiendo la ley Sharia o coránica en temas como matrimonio, divorcio y herencia. Limita además su representación en el parlamento. El borrador garantiza derechos legales para las mujeres, en la medida en que no “violen la Sharia”, es decir que las mujeres chiítas no podrán casarse sin el permiso de su familia, mientras que sus esposos se podrán divorciar simplemente manifestando su voluntad de hacerlo tres veces y en voz alta. El borrador también elimina una medida incluida en la constitución provisional que exige que las mujeres tengan al menos 25 % de representación parlamentaria. Está programado que el texto constitucional quede terminado para mediados de agosto.

Un nuevo informe independiente publicado el pasado martes indica que 24.000 civiles iraquíes han muerto violentamente desde que comenzó la invasión de Estados Unidos hace dos años. El estudio concluye que Estados Unidos y su coalición de fuerzas militares son responsables del 37% de las muertes, mientras que las fuerzas contra la ocupación y de resistencia son responsables de un 9. Otro 36 de las muertes fueron resultado de la violencia criminal. Las cifras divulgadas la semana pasada por el Ministerio del Interior de Irak indican que entre agosto de 2004 y marzo de 2005 un promedio mensual de 800 civiles y policías murieron en ataques de la insurgencia. El informe fue elaborado por Iraq Body Count y Oxford Research Group.

Mientras la atención está centrada en la Suprema Corte, continúa el escándalo por la revelación de la identidad de la agente encubierta de la CIA Valerie Plame. Un nuevo informe publicado en American Prospect por el periodista de investigación Murray Waas, sostiene que es posible que Karl Rove haya ocultado información a investigadores del FBI cuando comenzó el escándalo. Waas señaló que Rove no reveló que había hablado con el periodista de la revista Time Matthew Cooper, acerca de la funcionaria de la CIA Valerie Plame. Waas citó fuentes cercanas a la investigación que revelan que la omisión de Rove generó dudas en los investigadores federales con respecto a si Rove ocultaba información crucial y quizá los engañaba o les mentía.

Mientras tanto, un grupo que supervisa al gobierno en Washington DC aumentó sus pedidos para que se investigue al vicepresidente Dick Cheney por la supuesta filtración de información confidencial. El grupo, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Ciudadanos para la responsabilidad y ética en Washington) sostiene que en una entrevista otorgada el 9 de enero de 2004 a Rocky Mountain News, Cheney se refirió a un artículo publicado en el semanario de derecha Weekly Standard que hace referencia a un documento del Departamento de Defensa que incluye una lista de informes de la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y la Agencia de Inteligencia de Defensa con respecto a posibles vinculaciones entre Al Qaeda e Irak. En la entrevista, Cheney calificó al artículo de Standard de “la mejor información que existe”. Los comentarios contrastaron con el comunicado de prensa del Pentágono acerca del artículo del Weekly Standard, publicado meses antes de la entrevista a Cheney, donde se expresa que la información que contenía el documento era “imprecisa” y se censura la filtración por ser “deplorable y quizá ilegal”. El Pentágono también declaró que la filtración de información significa un “grave perjuicio para la seguridad nacional”.

Una nueva encuesta realizada por el diario británico The Guardian indica que dos tercios de los ciudadanos británicos consideran que existe una vinculación entre la participación del país en la invasión y ocupación de Irak y los ataques de Londres del 7 de julio. La encuesta señala que un 75% de los consultados considera que habrá nuevos atentados en Gran Bretaña. Un tercio de los encuestados dijo que Blair tiene “gran parte” de responsabilidad en los ataques.

Mientras tanto, Paquistán dice que arrestó a más de 200 personas en una ofensiva lanzada como respuesta a los ataques de Londres, el doble del número proporcionado anteriormente. Muchos de ellos fueron arrestados en redadas a escuelas religiosas. La mayoría de los arrestos fueron realizados en Punjab, la provincia más poblada del país.

El abogado de José Padilla, un ciudadano estadounidense acusado de haber conspirado para detonar una ‘bomba sucia’ radiactiva, se presentó ante un tribunal federal de apelaciones el martes y exigió al gobierno de Estados Unidos que acusara a su cliente de algún delito o que lo liberara. Pero un abogado del gobierno de Bush le dijo al tribunal que el presidente debe tener autoridad para arrestar a terroristas sospechosos por tiempo indeterminado. El presidente Bush declaró a Padilla “combatiente enemigo”, una designación que permite que las fuerzas militares tengan a alguien detenido sin presentar acusaciones, por tiempo indeterminado. Padilla está en la brigada de la Marina en Charleston, Carolina del Sur, y ha pasado los últimos tres años bajo arresto. El tribunal de apelaciones recibió el caso luego de que un juez de Carolina del Sur dictaminara que el gobierno debía acusar a Padilla de algún delito o liberarlo.

Mientras tanto, el Pentágono nombró esta semana al Teniente Coronel Dwight Sullivan como el nuevo abogado defensor de los juicios de Guantánamo. Sullivan es un reservista que trabajó durante 6 años en la filial de Maryland de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU). El Pentágono dijo que era poco probable que se impusiera la pena de muerte en los primeros 12 casos de la prisión. Los juicios a los prisioneros de Guantánamo han estado estancados por ocho meses hasta que un panel federal de apelaciones revierta el viernes un fallo de un tribunal de menor jerarquía que declaró ilegal los procesos de la llamada “comisión militar”. El Pentágono dice que las audiencias podrían comenzar en un mes.

Tres soldados británicos fueron acusados de crímenes de guerra por el presunto maltrato de prisioneros iraquíes en el primer caso de este tipo en Gran Bretaña. El Fiscal General británico dijo que se trata de los primeros soldados británicos acusados en virtud de la Ley de la Corte Penal Internacional de 2001. Sin embargo, un portavoz del fiscal general dijo que tres soldados acusados de crímenes de guerra serían juzgados en Gran Bretaña, y no ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Otros ocho soldados británicos, incluyendo a un ex coronel, deberán comparecer en tribunales militares con relación al presunto maltrato de prisioneros iraquíes, pero fueron acusados en virtud de la ley británica.

Esta noticia proviene de Israel, donde cientos de colonos israelíes que establecieron un campamento de protesta en el sur de Israel para oponerse al retiro de Gaza, llevan casi tres días de manifestaciones. La noticia tiene lugar en una jornada en que 16 personas fueron arrestadas y hubo varios enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes. El primer ministro de Israel Ariel Sharon calificó la retirada como “desvinculación” del conflicto con los palestinos. Los colonos dicen que Israel renuncia al derecho de posesión y que recompensa la insurgencia palestina. Sharon dijo que comenzaría a evacuar 21 asentamientos en Gaza y algunas partes de Cisjordania el próximo mes.

Organizaciones de ayuda internacional acusan a los gobiernos de Occidente, entre ellos a Estados Unidos de no cumplir sus promesas de ayuda para enfrentar la hambruna en Niger, lo que implica un riesgo de vida para más de 2,5 millones de personas, entre ellos 800.000 niños. La ONU dice que el segundo país menos desarrollado del mundo sufre lo que denominó “una grave crisis humanitaria” y exhortó a los gobiernos que cumplieran sus promesas de ayuda y de apoyo financiero.