El domingo, cientos de miles de personas llevaron a cabo manifestaciones en ciudades de todo el país, para exhortar al Congreso a que apruebe la legislación que legalizaría a los aproximadamente 12 millones de trabajadores indocumentados de Estados Unidos. Se calcula que 500.000 personas salieron a las calles para protestar en Dallas, donde los manifestantes colmaron las calles del centro coreando “¡Sí se puede!”. En St. Paul, Minnesota, 30.000 personas se congregaron frente al Capitolio del Estado. En Birmingham, Alabama, los manifestantes marcharon por las mismas calles en donde se produjeron enfrentamientos entre los activistas y la policía en la lucha por los derechos civiles de la década del 60. Otras protestas se llevaron a cabo en Nuevo México, Michigan, Iowa, Alabama, Utha, Oregon, Idaho y California. Michael Martínez, quien asistió a una manifestación en San Diego, dijo: “No se trata de banderas, no se trata realmente de una cuestión racial. Se trata de la igualdad de oportunidades para todos, de que nadie esté por encima o por debajo de la ley, y de que nadie sea explotado por la ley. Es así de simple”. Se planean más protestas para hoy en casi 100 ciudades de todo el país.

En medio de informes de que el gobierno de Bush planea atacar las instalaciones nucleares de Irán, aumentan las especulaciones sobre un posible ataque militar. En un importante artículo publicado en la revista New Yorker, el periodista investigador Seymour Hersh dice que hay una creciente convicción en la comunidad diplomática y de defensa de que el cambio de régimen es el principal objetivo del gobierno de Bush en el estancamiento de las negociaciones nucleares con Irán. Un ex funcionario de defensa de alto rango, dijo que los planes militares del gobierno de Bush se basan en la esperanza de que “una campaña de bombardeos constantes a Irán humillará a los líderes religiosos y provocará que la población se subleve y derroque al gobierno”. Y agregó: “Me impactó oír esto, y me pregunté ¿Qué están fumando?”.

El Washington Post informa que el Pentágono está llevando a cabo una campaña de propaganda en Irak para exagerar el papel de Abu Musab al-Zarqawi, figura de al-Qaeda. Algunos funcionarios de inteligencia militar creen que la campaña podría haber exagerado la importancia de Zarqawi, ayudando al gobierno de Bush a vincular la guerra de Irak con los atentados del 11 de septiembre. Se informó que los esfuerzos de propaganda también fueron utilizados para generar rechazo contra los extranjeros no estadounidenses en Irak. Una reunión informativa militar fue titulada: “Criminalizar a Zarqawi/ influencia de la respuesta a la xenofobia”. Otro documento menciona a la “Audiencia de hogares estadounidenses” como público al que dirigir la campaña.

La Casa Blanca reconoció públicamente que, previo al comienzo de la guerra, el Presidente Bush autorizó la revelación de información sobre Irak. No obstante, Scott McLellan—portavoz de la Casa Blanca—dijo que la revelación no era ilegal, porque la información revelada por el Presidente es considerada desclasificada. Lewis “Scooter” Libby, el ex jefe de personal del Vicepresidente Dick Cheney, declaró que el Presidente Bush lo autorizó a filtrar a la prensa un documento de inteligencia altamente confidencial sobre Irak, en un intento por defender la decisión del gobierno de comenzar la guerra.

Los críticos dicen que la respuesta del gobierno fue inapropiada. En una entrevista con Brit Hume de Fox News, el Senador republicano Arlen Specter de Pensilvania, dijo: “Considero que es necesario que el Presidente y el Vicepresidente le digan a la población estadounidense qué sucedió exactamente… Pienso que muy a menudo sacamos conclusiones antes de conocer todos los hechos, y yo no voy a condenar o criticar a nadie, pero sí digo que queda demostrado con lo que se dijo en el tribunal, que el Presidente de Estados Unidos le debe una explicación específica a la población estadounidense”.

En Perú, el oficial retirado del ejército que en una oportunidad intentó derrocar al gobierno de Fujimori, encabeza las elecciones presidenciales del país. Con menos de la mitad de los votos escrutados, Ollanta Humala lidera con el 27 por ciento de los mismos. Es probable que haya segunda vuelta electoral en mayo. Humala propuso la nacionalización de los recursos naturales de Perú, nuevos impuestos a las compañías mineras extranjeras, vetar el acuerdo comercial con Washington y ponerle fin a la erradicación de la coca, promocionada por Estados Unidos.

En Nepal, continúa el toque de queda en la capital, Katmandú, en medio de protestas generalizadas contra el gobierno real. Una coalición de partidos de oposición encabeza la campaña para finalizar el régimen del Rey Gyanendra, que tomó el poder en un golpe de Estado el año pasado.