El Senado acordó otorgarle al Presidente Bush facultades extraordinarias para detener y enjuiciar a prisioneros en la llamada “guerra contra el terrorismo”. Esta legislación priva a los detenidos del derecho de presentar peticiones de habeas corpus para cuestionar sus propias detenciones o el trato que reciben. También le otorga al presidente la facultad de detener por tiempo indeterminado a cualquier persona que se considere haya proporcionado apoyo material a hostilidades contra Estados Unidos. La evidencia secreta y mediante coerción podría se utilizada para juzgar a las personas detenidas en las prisiones militares estadounidenses. El proyecto de ley también le otorga inmunidad a los funcionarios estadounidenses de ser procesados por torturar a detenidos que fueron capturados por las Fuerzas Armadas y por la CIA antes de fines del año pasado. El Senado aprobó la medida con 65 votos a favor y 34 en contra. Doce demócratas votaron con la mayoría republicana. La Cámara de Representantes aprobó prácticamente la misma legislación el miércoles. Grupos de juristas, entre los que se encuentra el Centro para los Derechos Constitucionales, ya se están preparando para cuestionar la constitucionalidad de la ley ante la corte.

En otra noticia de Capitol Hill, la Cámara de Representantes decidió mediante una votación volver a redactar las leyes de escuchas telefónicas dentro del país, para adaptarlas al programa de espionaje sin órdenes judiciales del gobierno de Bush. El proyecto de ley modificaría la ley actual que exige una orden judicial para vigilar las comunicaciones entrantes o salientes de Estados Unidos. Sólo se exigirán órdenes judiciales si la llamada telefónica o el mensaje de correo electrónico ocurre dentro de Estados Unidos. Los críticos del proyecto de ley dicen que provocará un incremento en la vigilancia sin aprobación judicial que se realiza a los ciudadanos. Un proyecto de ley sustitutivo espera la votación del Senado.

Mientras tanto, la vigilancia secreta de las transacciones financieras internacionales por parte del gobierno de Bush, sufrió un gran contratiempo en Europa. El jueves, el gobierno belga afirmó que el programa es ilegal y que deberá ser modificado. En Bélgica se encuentra la sede de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, por sus siglas en inglés). Esta organización ayuda a dirigir billones de dólares en transferencias bancarias internacionales todos los días. Esta decisión tuvo lugar tras un importante informe de la Comisión para la Protección de la Privacidad de Bélgica, que dice que SWIFT le proporcionó información en forma indebida sobre millones de transacciones a funcionarios estadounidenses.

Venezuela está solicitando ayuda internacional con su pedido de extradición de un ex agente de la CIA que es buscado por matar a docenas de personas. El jueves, el Ministro de Asuntos Exteriores, Nicolás Maduro, dijo que su gobierno le solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que interviniera en el caso de Luis Posada Carriles, quien se encuentra requerido por la justicia por el atentado con bombas de 1976 contra un avión comercial cubano, que causó la muerte de 73 personas. Carriles permanece detenido en Estados Unidos luego de haber ingresado ilegalmente al país el año pasado. Se cree que podría ser liberado pronto, pero el gobierno de Bush dice que no lo enviará de regreso a Cuba o a Venezuela. Mientras tanto, el Ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela también dice que su gobierno afronta nueva resistencia de Estados Unidos por su intento de integrar el Consejo de Seguridad de la ONU.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Nicolás Maduro, dijo: “Nuestro debate no es con Guatemala, como usted sabe. Nuestro debate es con Condoleezza Rice. Usted sabe que quien está haciendo todos los esfuerzos para que Venezuela no entre al Consejo de Seguridad, es el gobierno de los Estados Unidos. Están desesperados. Condoleezza Rice personalmente, dejó su agenda a un lado y sólo se dedica a eso”.

2 El gobierno de Bush dice que suspenderá la ayuda militar a Tailandia tras el golpe de Estado de la semana pasada. El nuevo régimen militar prohibió que los partidos políticos lleven a cabo concentraciones o cualquier otra actividad, e impuso nuevos límites a los medios de comunicación.

El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo: “Estados Unidos sigue instando a un rápido regreso al sistema democrático y a elecciones anticipadas en Tailandia. Esperamos poder restablecer los programas suspendidos luego que un gobierno elegido democráticamente asuma el poder”.

En Canadá, el jefe de la policía nacional se disculpó con Maher Arar, quien es el ciudadano canadiense que fue secuestrado por Estados Unidos y luego trasladado a una prisión siria, donde fue torturado. La semana pasada, el gobierno canadiense eximió a Arar y criticó a los funcionarios canadienses y estadounidenses por su clavario. En una declaración formulada el jueves, el Comisario de la Policía Real Montada Canadiense, Giulano Zaccardelli, dijo que su fuerza había cometido errores graves y “terribles injusticias” contra Arar.

El periódico The Guardian de Londres informa que altos funcionarios militares están intensificando los pedidos de que los soldados británicos se retiren de Irak. Los funcionarios dicen que es imposible ganar la guerra en Irak y quieren que los esfuerzos se centren en Afganistán, donde todavía hay posibilidades de ganar. Se informó que los militares también se alarmaron por las encuestas de opinión que muestran una disminución del apoyo a la guerra y cómo esto está afectando la moral y el reclutamiento de soldados. Un memorando del Departamento de Defensa realizado por un grupo de expertos que fue filtrado recientemente, dice: “Las Fuerzas Armadas británicas están de hecho secuestradas en Irak… ahora estamos peleando (y discutiblemente perdiendo o potencialmente perdiendo) en dos frentes”.

Nueva información acerca del manejo realizado por la Casa Blanca de Irak y de la guerra contra el terrorismo indica que el Presidente Bush hizo caso omiso de una advertencia urgente acerca de la creciente insurgencia iraquí en los meses posteriores a la invasión. En un nuevo libro, el periodista del Washington Post Bob Woodward, escribe que el Presidente Bush le dijo a su máximo asesor: “No quiero que nadie del gabinete diga que es una insurgencia. No creo que hayamos llegado a eso aún”. La orden fue dada en noviembre de 2003, cuando hubo más de 700 ataques contra soldados estadounidenses. Woodward también informa que el ex Director de la CIA, George Tenet, consideraba que el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld estaba obstaculizando el desarrollo de una estrategia coherente para capturar o matar a Osama Bin Laden.

En California, se lleva a cabo un juicio de cuatro días que examina la legalidad de la inyección letal. El tribunal recibió una declaración el jueves que señala que prisioneros pueden haber permanecido conscientes cuando se les administró un fármaco que provoca sofocamiento. Mark Heath, un profesor de anestesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Columbia, dijo que los registros del Estado demuestran que algunos prisioneros ejecutados continuaron respirando durante varios minutos luego de recibir el agente paralizante utilizado en California y en otros 36 estados.

Un informe del Congreso reveló nuevos detalles sobre los vínculos entre la Casa Blanca y el lobbista procesado Jack Abramoff. El Comité de Gobierno de la Cámara de Representantes señala que Abramoff y sus socios tuvieron contacto con funcionarios de la Casa Blanca más de 400 veces durante un período de tres años. El número incluye nueve contactos directos con el principal estratega de la Casa Blanca, Karl Rove. Abramoff también aseguró un contrato federal por dieciséis millones de dólares para uno de sus clientes, luego de recordarle al entonces director político de la Casa Blanca, Ken Mehlman, las donaciones que sus clientes realizaron al Partido Republicano.

Y por último, en Los Ángeles, cerca de 300 personas fueron arrestadas el jueves en un corte de calle en apoyo a una iniciativa de sindicalización de los trabajadores hoteleros. Los organizadores están intentando sindicalizar a miles de trabajadores—que son en su mayoría inmigrantes—de docenas de hoteles alrededor del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.